Podemos Cantabria ha denunciado hoy que el Gobierno autonómico ha rechazado de forma sistemática las más de 150 alegaciones presentadas por la formación en el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley de Vivienda, así como la propuesta alternativa de ley registrada por el partido. “Todas han sido descartadas con la simple coletilla de que se trataban de planteamientos alejados de un punto de vista liberal”, critica la formación.
Desde Podemos subrayan que el Ejecutivo regional “ha optado por una visión puramente mercantilista de la vivienda, tratándola como un bien de negocio y no como un derecho fundamental reconocido en la Constitución”. En este sentido, alertan de que el anteproyecto ignora medidas esenciales como el control de los precios del alquiler, la ampliación urgente del parque público de vivienda o la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, dejando “desprotegidas a miles de familias cántabras que hoy sufren la crisis de acceso a la vivienda”.
La coordinadora autonómica de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha afirmado que “esta ley demuestra que el Gobierno de Cantabria no quiere garantizar un derecho, sino blindar el negocio inmobiliario. Rechazan regular los alquileres, proteger a las familias frente a los desahucios y ampliar el parque público. Están legislando para los especuladores y no para la gente trabajadora”.
Podemos recuerda que presentó alegaciones a la práctica totalidad de los artículos de la ley, llegando incluso a registrar una propuesta alternativa de ley de vivienda. Sin embargo, todas sus aportaciones fueron rechazadas, a excepción de la aceptación parcial de la figura del alquiler colaborativo y la corrección de una referencia legislativa obsoleta. Para la formación, este balance evidencia “la absoluta falta de ambición social del anteproyecto” y confirma que el texto impulsado por el Gobierno “se olvida de que la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución y la reduce a una mercancía sometida a la lógica del mercado”.
Entre las propuestas rechazadas por el Ejecutivo estaban también el uso social permanente de la vivienda protegida para evitar su desnaturalización, así como la limitación de los usos turísticos y terciarios en viviendas residenciales con el fin de proteger el acceso frente a la presión del turismo. “Todas fueron rechazadas bajo una misma justificación ideológica”, lamenta la formación morada.
El secretario de Mundo Rural de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, ha recordado que “la vivienda no es un lujo, es un derecho. Y mientras en nuestros pueblos y ciudades hay casas vacías, las familias jóvenes tienen que endeudarse de por vida o marcharse fuera porque no pueden pagar un alquiler. La política del Gobierno es una rendición total a los intereses del mercado”.
Podemos denuncia además que el anteproyecto mantiene una visión punitiva en materia de inspecciones y aborda la cuestión de la okupación únicamente desde una perspectiva sancionadora, sin tener en cuenta su vínculo con la emergencia habitacional. “El Gobierno prefiere blindar la especulación inmobiliaria en lugar de garantizar un techo digno a quienes lo necesitan”, concluyen desde la formación.
