miércoles. 30.11.2022

A estas alturas, debatir sobre la necesidad o no de consulta popular sobre el puerto deportivo resulta bastante superfluo, una pérdida de tiempo lamentable después de que en el mes de junio pasado el Ayuntamiento por aplastante mayoría rechazara el proyecto de puerto deportivo que nos quiere imponer el Gobierno de Cantabria. Sin embargo, es el propio despotismo del Consejero de Obras Públicas. Señor Mazón, que, empeñado en persistir con su absurdo proyecto, hace que la consulta popular cobre de nuevo actualidad.


No podemos obviar tampoco que el Gobierno de la Nación ha desautorizado la petición del Ayuntamiento para la celebración de la consulta popular haciendo una interpretación tan restrictiva de este derecho, que lo hace prácticamente inexistente. En España los Ayuntamientos pueden consultar a los ciudadanos para ubicar las papeleras, las paradas de los autobuses, o el horario de recogida de basuras, pero los grandes proyectos urbanísticos (y el puerto deportivo lo es) no pueden ser consultados porque afectan a competencias de otras administraciones.

La defensa de este derecho en el Tribunal Supremo será difícil, y aún así es de apoyar y aplaudir la decisión del pleno del Ayuntamiento del pasado 22 de noviembre. Este país necesita abrirse paso a paso a la democracia directa y si las administraciones se empeñan en negarla, habrá que apelar al poder judicial para que ponga las cosas en su sitio. No hace mucho, el Ayuntamiento de Almuñécar, en Granada, obtuvo una resolución en el Supremo favorable a al celebración de la consulta popular sobre la aprobación del plan general de urbanismo que fue desautorizada, también, por el gobierno de la nación.

Sólo esperamos que al Ayuntamiento tenga acierto y se tome muy en serio la apelación al Supremo, pues será un litigio complicado y que debe ser soportado por una buena asistencia jurídica. Los informes de la Abogacía del Estado son demoledores, y si dejan algún resquicio, es el de que tales informes no han incorporado la doctrina más reciente en materia de consultas populares. Ahí es donde puede haber esperanza; ello unido a que el asunto del Puerto Deportivo no puede considerarse como una competencia exclusiva del Gobierno de Cantabria, pues su ordenación afecta a competencias urbanísticas municipales tales como la ordenación de los usos del suelo o la urbanización de una parte esencial de la ciudad.

LA CONSULTA POPULAR AL SUPREMO: La plataforma aplaude la decisión del Pleno del...