El conflicto en torno al cierre del colegio El Pedregal de Castro Urdiales suma un nuevo capítulo judicial.
El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santander ha decidido levantar la suspensión cautelar que mantenía paralizados los acuerdos de la Fundación Barquín Hermoso, propietaria del inmueble, y que habían sido impugnados por la alcaldesa, Susana Herrán.
Cabe recordar que, en julio, la regidora socialista había logrado que se suspendieran de manera cautelar dichos acuerdos —la rescisión del alquiler del edificio al Gobierno de Cantabria y su posterior ratificación—, tras presentar denuncia alegando defectos en la convocatoria de las reuniones del Patronato de la Fundación Martín Hermoso, en la que a la postre se decidiría el fin del alquiler del edificio y por tanto, del colegio El Pedregal.
Sin embargo, en un auto reciente fechado el 3 de septiembre, el juez ha rechazado sus argumentos, la condena al pago de las costas y a posibles daños y perjuicios, y afirma que su versión carece de “ninguna credibilidad”.
En particular, la alcaldesa defendía que no había enviado el correo electrónico en el que constaba su abstención en la votación, y que lo habría hecho su secretaria “sin su conocimiento”. El auto, sin embargo, sostiene que “resulta increíble que la secretaria decida emitir el voto en nombre de la alcaldesa sin conocimiento de ésta con la evidente responsabilidad que ello conlleva”, subrayando además que fue la propia demandante quien en su escrito reconoció haber remitido el mensaje.
“Nos encontramos con que la parte actora tuvo acceso al contenido de la convocatoria, votó e hizo alegaciones, por lo que no consta que sufriera ninguna limitación de sus derechos”, indica el auto, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.
La resolución se suma a la emitida hace unas semanas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que también rechazó suspender cautelarmente el cierre solicitado por familias y docentes.
Tras conocerse este nuevo auto, el PP de Cantabria lo ha calificado de “demoledor” y ha asegurado que “quita la careta a Herrán y al PSOE”, defendiendo que tanto la Consejería como la Fundación “han actuado siempre conforme a la ley”.
