8 de enero de 2012, 23:43
El Ayuntamiento de Castro y el Gobierno cántabro han sellado un acuerdo para solventar el colapso administrativo que sufre el Consistorio tras la inhabilitación del arquitecto municipal para elaborar informes urbanísticos. El juez Acayro suspendió en junio esta competencia a cuatro funcionarios por su supuesta implicación en el 'caso La Loma'. Según explicó el concejal de Personal, Peru Zaballa, se utilizó la bolsa municipal de empleo para cubrir las plazas inoperativas, pero, ante la invalidez del listado de arquitectos, no se pudo hacer frente a esta vacante.
Posteriormente, agregó Zaballa, se intentó contratar a un técnico en comisión de servicios, sin que se presentasen aspirantes. Ante esta tesitura, el Ayuntamiento recurrió al Ejecutivo autonómico, que en noviembre anunció su disposición a suscribir un convenio para colaborar en la tramitación de los expedientes paralizados y cubrir el puesto mediante la bolsa regional de empleo.
El alcalde, Iván González, y la titular de la cartera de Presidencia, Leticia Díaz, escenificaron un acuerdo institucional que la Consejería valora en clave de «política de solidaridad», enfocada a la «mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos municipales».
El pacto se fraguó tras una petición expresa del Ayuntamiento de Castro al presidente cántabro, Ignacio Diego, con el fin de que contribuyese a solucionar el problema. De hecho, ante la inhabilitación del arquitecto, en el mes de julio se requirió al aparejador municipal la firma de las licencias de obra y actividad que permitieron inaugurar el esperado parking subterráneo de Amestoy.
Labor eventual
El Consistorio abonará el sueldo del técnico contratado, elegido entre los integrantes de la bolsa de personal destinado a la cobertura de interinidades que resultó de las oposiciones a arquitecto regional y del proceso de valoración de los candidatos que presentaron la documentación para integrar esta lista. En el convenio se dictamina que los aspirantes que renuncien al puesto en el Ayuntamiento castreño no serán penalizados para acceder a una plaza en la Administración autonómica.
No obstante, será una labor eventual, ya que, según afirmó Zaballa, la intención es proveer la vacante con un arquitecto propio. En noviembre, el Consistorio de Castro ganó el litigio en el que se impugnaba la oferta de empleo público de 2010, aunque el edil no desveló el procedimiento que se utilizará para disponer de un funcionario municipal.
Posteriormente, agregó Zaballa, se intentó contratar a un técnico en comisión de servicios, sin que se presentasen aspirantes. Ante esta tesitura, el Ayuntamiento recurrió al Ejecutivo autonómico, que en noviembre anunció su disposición a suscribir un convenio para colaborar en la tramitación de los expedientes paralizados y cubrir el puesto mediante la bolsa regional de empleo.
El alcalde, Iván González, y la titular de la cartera de Presidencia, Leticia Díaz, escenificaron un acuerdo institucional que la Consejería valora en clave de «política de solidaridad», enfocada a la «mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos municipales».
El pacto se fraguó tras una petición expresa del Ayuntamiento de Castro al presidente cántabro, Ignacio Diego, con el fin de que contribuyese a solucionar el problema. De hecho, ante la inhabilitación del arquitecto, en el mes de julio se requirió al aparejador municipal la firma de las licencias de obra y actividad que permitieron inaugurar el esperado parking subterráneo de Amestoy.
Labor eventual
El Consistorio abonará el sueldo del técnico contratado, elegido entre los integrantes de la bolsa de personal destinado a la cobertura de interinidades que resultó de las oposiciones a arquitecto regional y del proceso de valoración de los candidatos que presentaron la documentación para integrar esta lista. En el convenio se dictamina que los aspirantes que renuncien al puesto en el Ayuntamiento castreño no serán penalizados para acceder a una plaza en la Administración autonómica.
No obstante, será una labor eventual, ya que, según afirmó Zaballa, la intención es proveer la vacante con un arquitecto propio. En noviembre, el Consistorio de Castro ganó el litigio en el que se impugnaba la oferta de empleo público de 2010, aunque el edil no desveló el procedimiento que se utilizará para disponer de un funcionario municipal.
