El ex concejal de Juntas Vecinales en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Pedro Revuelta, señaló el miércoles en su comparecencia ante el juez de instrucción número 2 que la firma de una factura en la que aparecía su nombre «no era la mía» y que no encargó el trabajo a la empresa Trapur.
Como consecuencia de ello, Revuelta pidió al interventor que le ofreciera información para conocer de dónde había salido que el trabajo dado a Trapur «había sido por orden suya». «El interventor me dio un documento en el que aparecía mi nombre pero la firma no era la mía». «Después de que el interventor, Fernando Martínez, rehusó a entregarme ese documento, llamé a mi abogado y denuncié la falsedad de la firma», aseveró al mismo tiempo que le pareció que dicha firma «era la del concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez».
Por su parte, el gerente de la empresa de desratización Trapur, Pedro Llamas, le dijo al juez que el propio Revuelta le encargó verbalmente unos trabajos en las pedanías, que le entregó los presupuestos y pudo facturar dos de ellas (Ontón y Mioño) antes de que el ex edil abandonase su cargo. «Pedro Revuelta me adjudicó por primera vez este trabajo, ya que anteriormente me lo encargaba Asuntos Sociales y era de manera directa y por temas puntuales».
Testigos
También acudieron a testificar, en calidad de testigos, el actual interventor del Ayuntamiento castreño, Fernando Martínez, y el ex interventor, Fernando Urruticoechea. El primero de ellos, aseguró ante el instructor que «en el caso de una factura de 21.000 euros debió tramitarse mediante procedimiento negociado sin publicidad y haberse invitado al menos a tres empresas».
A preguntas del Ministerio Fiscal, Martínez aseguró que «existe un fraccionamiento en las facturas de varias juntas para evitar un procedimiento de contratación, porque un contrato menor sólo requiere factura». «No hay ningún acto administrativo adjudicándolo, debió ser verbal», apostilló. En relación a la factura por la desratización de las pedanías, el actual interventor apuntó que «debió ser el propio concejal de Juntas Vecinales, Pedro Revuelta, quien lo ordenó verbalmente, pero la factura aparece firmada por el concejal de Hacienda porque Pedro Revuelta ya no formaba parte de la Concejalía».
Por otro lado, el ex interventor, Fernando Urruticoechea, afirmó ante el instructor que «cada concejal funcionaba a modo de reino de taifas, de manera particular. Los contratos, tanto superiores como inferiores a los 12.000 euros, se hacían sin propuesta de gastos con riesgo a que no existiese crédito presupuestario. Directamente se presentaban las facturas que se aprobaban en la Junta de Gobierno. Se contrataba telefónicamente o verbalmente», dijo.
Del mismo modo, Urruticoechea aseveró que «se vio obligado a levantar cientos de reparos de legalidad, porque se hacían las cosas sin presupuestos de gastos, a veces con presupuestos y otras sin ellos. Se trabajaba por colegueo». Además, apuntó que en la Junta de Gobierno «se aprobaban sólo facturas, no el expediente de contratación. Cada concejal llevaba su lote de facturas, a veces con el reparo de ilegalidad, pero les daba igual», apuntó al tiempo que dijo que «había 6 millones de euros en facturas sin expedientes de tramitación y sin crédito presupuestario». El resto de imputados en el caso Trapur: la ex veterinaria municipal, Iciar Muruaga; el alcalde de Castro, Fernando Muguruza; y el concejal de Hacienda, Rodríguez López, testificarán el 11 de junio.
TSJC
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desmintió ayer que el alcalde, Fernando Muguruza y el edil, Salvador Hierro, estén imputados en un nuevo proceso por prevaricación. Fuentes consultadas por este periódico mantienen que el proceso anunciado está en marcha.
Hierro: «No he tenido nada que ver en ésto»
El portavoz de IU y ex concejal de Obras en el Ayuntamiento de Castro, Salvador Hierro, aseguró ayer en relación a la nueva imputación -que fue desmentida ayer por el TSJC- que «no tiene nada que ver en la contratación de Alicia Gómez y Pedro Restegui». «Eran personas contratadas anteriormente por Díaz Helguera y Pedro Olano. De ahí entiendo que como era un procedimiento completamente legal, Muguruza hizo lo mismo que había hecho Rufino: contratarles por sobre cargo de trabajo en Urbanismo», señaló.
De este modo, Hierro reiteró que «no tiene nada que ver con este asunto». «No he participado en esto para nada. Es una decisión del alcalde y del Departamento de Urbanismo del que no formaba parte». «Tendrían que mirar bien la documentación obrante en el Ayuntamiento de todos los expedientes, incluido el interventor», concluyó.
Extraído de: eldiariomontanes.es
