El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha perdido 1.327.922 euros en el desarrollo urbanístico de la zona de Santa Catalina, entre el polideportivo Pachi Torre y el colegio Arturo Dúo. Así lo señalan en un informe pericial, encargado por el magistrado Luis Acayro Sánchez, los arquitectos y funcionarios del Gobierno de Cantabria, Soledad Rodríguez y Antonio Molinero.

El objeto de este documento ha sido calcular el valor de los 1.957 metros cuadrados, en equipamiento público, que ha perdido el Ayuntamiento de Castro con el desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución 1.34 y 1.33 de esa zona de la ciudad.

Esta nueva diligencia se encuadra dentro del denominado 'caso de Santa Catalina', en el que hay imputados quince políticos y cuatro funcionarios, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa, que tendrán que afianzar ese dinero como presuntos responsables de la pérdida del equipamiento público.

El instructor ya ha remitido este informe pericial al Ministerio Fiscal y ha citado a los imputados para que comparezcan el próximo viernes, 20 de enero, a las 10.00 horas, a los efectos de hacerles el oportuno requerimiento para que depositen la fianza correspondiente.

Tendrán que responder a partes iguales, solidariamente, el exalcalde Fernando Muguruza; los exconcejales Pedro Olano, Teresa Pérez Barreda, María Ángeles Blanquet, Concepción Carranza, José Miguel Rodríguez (KyK), Joaquín Antuñano, Pilar Villanueva, Javier Zurbano, Paulino Lavín, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Juan Tomás Molinero, Santiago Vélez; el concejal de Acuerdo por Castro, Rufino Díaz Helguera, y el exsecretario municipal, César Sáiz.

Por otro lado, hay tres funcionarios municipales que tendrán que afianzar la décima parte del valor total de los equipamientos perdidos.

El juez Acayro también ha remitido un escrito al Registro de la Propiedad para que informe sobre la relación de entidades financieras acreedoras que pueda haber en la unidad de ejecución 1.34, con el objeto de comunicarles el presente procedimiento y ofrecerles la posibilidad de personarse en el caso.

Ejecución irregular de viales

Los arquitectos que han redactado el informe pericial señalan que el desarrollo urbanístico de las diferentes unidades de ejecución investigadas, «realizado sin una adecuada coordinación y programación entre ellas», ha producido distintas situaciones de hecho que «no reflejan» las determinaciones originales del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana).

Aseguran que la «incompleta» e «irregular» ejecución de la Avenida de la Libertad, un vial que separa varias urbanizaciones de la zona, ha generado una «inadecuada» e «incompleta» ordenación interior de la zona de suelo urbano. También se han creado unos viales internos, «no contemplados en el PGOU», que se han utilizado para el acceso a las edificaciones realizadas, «fragmentando y disminuyendo la superficie original prevista por el PGOU para ser destinada a equipamiento público».

Ni piscina, ni teatro

Los peritos aseguran que esa zona de equipamientos públicos -que ha perdido el Ayuntamiento de Castro- «está definida como imprescindible para paliar el déficit de dotaciones existente en el municipio, tal y como indica la Memoria del PGOU». «La agrupación de las cesiones previstas en esa zona permite el emplazamiento idóneo de todo un junto de dotaciones (polideportivo, piscina cubierta, teatro, etc).