El último auto emitido por el juez Luis Acayro Sánchez, en el que paraliza la construcción de un total de 51 viviendas en el entorno de Santa Catalina e imputa por prevaricación urbanística y administrativa al alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, ha acabado con la paciencia del regidor.

Según ha podido saber este periódico, el primer edil de Castro pretende convocar una concentración de protesta contra el juez Acayro el próximo 23 de septiembre, en los Juzgados de la ciudad, coincidiendo con la inspección que realizará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «El objetivo de la protesta es trasladar al CGPJ el malestar de los castreños por la instrucción que está llevando a cabo el juez Acayro. A nadie se le tiene que olvidar que la paralización de obras provoca que mucha gente se vaya al paro», apuntó Muguruza.

El regidor envió ayer un mensaje desde su teléfono móvil a todos los ediles del equipo de gobierno y todos sus allegados para saber si cuenta con el respaldo suficiente como para realizar la convocatoria. Y es que al alcalde de Castro no le ha sentado nada bien las paralizaciones de dos edificaciones próximas al colegio de Santa Catalina de 81 y 51 viviendas, respectivamente. «El auto no tiene ni pies ni cabeza. El daño ocasionado por Acayro y su fiscal a Castro es imperdonable. La Agencia Tributaria, César Tolosa, Acayro y su fiscal representan al Estado. Por tanto, es el Estado el responsable del daño y algún día alguien tendrá que pedir responsabilidades al Estado».

Muguruza fue una vez más muy crítico con el juez Acayro, de quien dijo que «dispara con perdigones y salpica a todo el que está cerca». «Acayro basa todos sus autos en argumentos indiciarios, ¿no tiene una sóla prueba después de tres años?», se pregunta Muguruza.

Las 51 viviendas, habitadas

Algunas de las 51 viviendas paralizadas por el magistrado Acayro, ubicadas junto al polideportivo Pachi Torre, ya están habitadas.

Una de las vecinas de ese edificio se puso en contacto ayer con este periódico para señalar que aunque todavía no disponen de la licencia de primera ocupación, ya están residiendo en el edificio.
Esta vecina se mostraba preocupada por la paralización de las obras y por ver cómo les afectaba a los propietarios. No obstante, desde la inmobiliaria encargada de la venta de las viviendas les informaron que los pisos no corren ningún peligro y que la paralización de las obras está motivada por la existencia de un vial, junto al Pachi Torre, que no aparecía en el planeamiento urbanístico de Castro Urdiales. «Nos han dicho que parte de ese vial, que da acceso a nuestras viviendas, es de dominio público», explicaba para terminar esta vecina.