El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la queja que las defensas del 'caso La Loma' presentaron contra el magistrado Luis Acayro Sánchez por presuntas irregularidades en la instrucción.

Los letrados de algunos de los imputados, que contaron en su día con el respaldo del Colegio de Abogados de Cantabria, aseguraban que el instructor «ha violado el principio de igualdad de partes procesales, dando un tratamiento privilegiado a las acusaciones personadas y privado a las defensas del acceso real a los autos y documentos obrantes en el expediente. También se ha impedido a los procuradores el acceso a dicha información».

Además, denunciaban que el magistrado les hubiera «restringido» el plazo para recurrir el auto de La Loma- que afecta a 52 personas entre cargos públicos, constructores y funcionarios- y consideraban «inadmisible» que presuma en la actividad jurisdiccional de las defensas de los imputados actuaciones «dilatorias y fraudulentas». Ahora, el Servicio de Inspección del CGPJ señala que tales expresiones, formuladas en condicional, «no deben suponer un juicio de intenciones negativo sobre la profesionalidad de los letrados, más allá de su mayor o menor fortuna, sino la expresión del celo y la preocupación del juez por la rápida tramitación de la causa».

El CGPJ concluye que no puede deducirse «responsabilidad disciplinaria» para el magistrado Acayro, ya que las expresiones recogidas en el la providencia de 9 de junio de 2010 (citadas anteriormente) «no son bastantes por sí mismas para ser calificadas como falta, conforme a las previsiones de la LOPJ (Ley de Orgánica del Poder Judicial)». Respecto a los otros hechos denunciados, el Poder Judicial dice que tienen su único fundamento en la denuncia y en los escritos de los letrados, «sin prueba alguna que los acredite».

Medida cautelar sin efecto

El juez Acayro ha acordado dejar sin efecto la inhabilitación que recaía sobre el ingeniero municipal, Álvaro Pérez, dentro del 'caso La Loma', ya que ha archivado la imputación que tenía por presunta prevaricación urbanística. La que se mantiene es su imputación por prevaricación administrativa.