Benidorm del Norte

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Proyecto de BOFILL

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Proyecto de BOFILL



Castro Novo

Castro Urdiales, Santander. 1976

Proyecto de ampliación de la villa costera de Castro Urdiales. El terreno forma una península situada al sudoeste del centro urbano. El primer tema a resolver era la conexión con el ensanche de Castro Urdiales y con la población de Mioño. En la zona más cercana a Castro Urdiales se diseñaron manzanas cuadradas inspiradas en el ensanche existente, con patios interiores ajardinados accesibles desde la calle. La zona central del proyecto consiste en una secuencia lineal de edificios de siete plantas paralelos al mar y manzanas cuadradas de menor altura, edificadas en tres lados, con el cuarto lado abierto hacia el mar. Recorre el conjunto un paseo peatonal en cuyos extremos se abren dos plazas que comunican el nuevo barrio con el centro ciudad. En la zona más cercana a Mioño se ha diseñado una ensenada que se adapta a la morfología del terreno, en cuyo centro se sitúa una plaza abierta sobre el mar. Los edificios, bajos cerca de la costa, ganan altura a medida que se van alejando.

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[url=http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2007/12/05/0003_6376365.htm]Primero aprobamos la Ley del Suelo, luego el POL y ahora el Plan Urbanístico Regional. Con esos instrumentos legales ya no puede haber nadie que se asuste de que no se puede construir en un lugar u otro. No podemos permitir un crecimiento desorbitado de la población, porque luego hay problemas de infraestructuras, de saneamiento, de abastecimiento de agua... El gran problema de este país es que se puso el carro delante de los bueyes. Y ahora estamos en una fase de planificación, de crecimiento ordenado. Si no hubiéramos intervenido, estaría todo destrozado. Es que en Castro Urdiales las casas están encima del agua. Yo he visto a gente tirar la caña desde la ventana al agua. Encima del acantilado. Ni ley de costas ni nada. Aquí hay ayuntamientos que presentan en la costa (fuera del POL) planes que prevén pasar de 5.000 a 15.000 habitantes. Y no los estamos aprobando, claro, no está justificado.

-En la zona oriental de Cantabria han hecho verdaderos destrozos.
-Hemos intentado remediar ese disparate y la verdad es que hemos llegado a tiempo para proteger más de la mitad del territorio de Cantabria.

-Resulta paradójico, buena parte de la presión urbanística que soportan esos municipios procede del País Vasco, una comunidad que destaca por su orden territorial.[/url] hacer click






[url=http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2007/12/05/0003_6376365.htm]-En la zona oriental de Cantabria han hecho verdaderos destrozos.
-Hemos intentado remediar ese disparate y la verdad es que hemos llegado a tiempo para proteger más de la mitad del territorio de Cantabria.
-Resulta paradójico, buena parte de la presión urbanística que soportan esos municipios procede del País Vasco, una comunidad que destaca por su orden territorial.
-Esto sería para hacer un estudio. Un fin de semana puede haber en Cantabria 250.000 vascos, y hay 560.000 cántabros. Pero en verano hay más vascos que cántabros. Aunque estemos al lado, no es lo mismo estar bajo esa presión. Hay una gran parte de gente que viene a Cantabria y se encuentra a gusto porque saben que hay estabilidad política y social, no hay follones, y somos cántabros y españoles. Hay mucha gente en el País Vasco que está incómoda con la presión. Vivir al lado de un vecino de HB no es lo mismo que vivir en Laredo. Nosotros tenemos cantidad de gente de esa llamada oligarquía vasca que tiene sus casas en Cantabria.[/url] hacer click






El Benidorm del norte


Municipios como Laredo, Santoña o Castro Urdiales, en la zona oriental cántabra, son un fiel exponente del mal que pueden generar en la costa los excesos del ladrillo


Con el cielo azul, Santoña y Laredo recuerdan al sur. A la costa mediterránea. A los kilómetros y kilómetros de costa salpicados de ladrillo que han destrozado buena parte del patrimonio paisajístico del Levante. La zona oriental de Cantabria concentra muchos de esos males. Todos se resumen en uno: infinidad de edificios de gran altura pegados a las playas, una gran masa de cemento y ladrillo que genera una sensación indescriptible.
.-De ahogo, quizás. Dice el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que él ha visto a vecinos de estos inmuebles tirar la caña de pescar desde las ventanas de sus casas. Podría parecer una hipérbole. Sobre el terreno, la afirmación gana visos de realidad.

Los 43 kilómetros que separan Noja de Castro Urdiales son un ejemplo claro de cómo se puede desordenar y destrozar un territorio. «Un disparate», admite Revilla. Noja, Santoña, Laredo, Argoña, Guriezo, Castro.... Casi todos los municipios de esta franja costera presentan llamativos excesos urbanísticos de una época no tan lejana, los años sesenta, setenta y ochenta, inmuebles anteriores a la Ley de Costas de 1988 y que seguirán ahí, a modo de ingrato recuerdo, previsiblemente todavía durante unas cuantas décadas más.

Paradójicamente, buena parte de la presión urbanística de estos municipios se origina en el País Vasco. Y ello representa una suerte de contradicción, ya que la comunidad vecina se caracteriza por su disciplina y su orden urbanístico. Miles de vascos disponen de pisos y chalés en la zona oriental de Cantabria.
Las cifras hablan por sí solas. Laredo tiene 14.000 habitantes, pero en julio y agosto su población se dispara hasta los 180.000 de media. Noja, con un censo de 1.400 habitantes, cuenta con 70.000 de media durante el período estival, una situación que se repite en Castro Urdiales, que pasa de 30.000 a 100.000 en verano.


Hay más pisos en propiedad de vascos que de cántabros


Las autoridades locales aseguran que en estos municipios hay más pisos en propiedad de vascos que de cántabros. Y este hecho genera imágenes llamativas. Al igual que en los Aytos del sur de España -o que en algunas zonas de Sanxenxo, por ejemplo-, algunos barrios de estas villas parecen desiertos en invierno. Durante la semana, hay centenares de persianas cerradas, signo inequívoco de que se trata de una segunda residencia, un tipo de desarrollo urbanístico al que ahora ha renunciado el Ejecutivo cántabro porque, a la larga, puede acabar generando mucho más gasto que riqueza.

El Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla inició hace 14 años un plan, instrumentalizado a través de varias leyes, para tratar de salvaguardar lo que quedaba de la costa cántabra. Sostiene Revilla que, con esta estrategia, han logrado algunos objetivos: «Sabemos que desde Santander hasta el límite con Asturias todo el mundo va a poder disfrutar de esos paisajes maravillosos». Al otro extremo de la comunidad no alude. El mal ya está hecho. Y eso, en materia de urbanismo, es difícilmente remediable.

Publicado en La Voz de Galicia






[url=http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2007/12/05/0003_6376302.htm]El sector de la construcción creció en Cantabria entre el 2001 y el 2006 un 33%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo dos puntos menos que la media española y siete más que, por ejemplo, el promedio de Galicia. Los destrozos del urbanismo salvaje son visibles especialmente en la zona oriental, en municipios como Laredo, Santoña o Castro Urdiales, donde la presión generada por la demanda, sobre todo del País Vasco, ha generado imágenes similares a las de, por ejemplo, A Mariña lucense (Costa de Lugo).

La situación es grave y el propio presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, reconoce que la presión urbanística en la zona oriental es «demoledora». Su receta es clara: blindaje de la costa. «No queremos matar la gallina de los huevos de oro», arguye.[/url] hacer click

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Castro Urdiales, un municipio muy poblado pero cuyo censo oficial es mucho más modesto

LA INFLUENCIA DEL PAÍS VASCO


Más allá de los excesos urbanísticos, Castro Urdiales, localidad fronteriza con el País Vasco, soporta desde hace años un problema que se ha convertido casi en cuestión de Estado para las autoridades cántabras. Su censo oficial es el de una villa, apenas 30.000 personas, pero la realidad es otra bien distinta ya que miles de vascos viven todo el año en este municipio sin empadronarse.

El Gobierno autónomo sostiene que en Cantabria residen todo el año unos 70.000 vascos sin estar formalmente empadronados, la mayoría en Castro Urdiales. Trabajan en Bilbao o en su cinturón industrial (situado a poco más de media hora en coche) y «muchos siguen llevando a sus hijos a colegios vascos».

Para el Ayto cántabro, este asunto se ha convertido en una cuestión muy seria porque su censo es modesto y los medios de los que dispone para prestar servicios como la sanidad, la educación, el agua o la recogida de basuras son muy inferiores a los que realmente necesita para su población efectiva.

La Consejería de Vivienda considera que este es un problema que habrá que arreglar a través de algún tipo de exención, de forma que aquellos que estén empadronados en Castro «paguen menos por los servicios que los que no lo están».


Dos versiones distintas de ver el problema

Lo cierto es que en el País Vasco se argumenta que la decisión de muchos de sus paisanos de irse a vivir a la comunidad vecina está relacionada con el precio de la vivienda, más asequible en los municipios cántabros. Para al presidente Miguel Ángel Revilla, el razonamiento es otro: «Toda la Ertzaintza vive allí, en Castro. La gente viene porque se encuentra a gusto, hay estabilidad política y social. Esta gente se encuentra a disgusto con la presión a la que están sometidos en el País Vasco», concluye.


Publicado en La Voz de Galicia

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La financiación municipal no puede ligarse al urbanismo

Mazón es tajante al asegurar que hay que evitar que las presiones de la población determinen la ordenación futura del territorio


El departamento que dirige José María Mazón hace solo unos meses que asumió las competencias en materia de urbanismo. Pese a ello, su filosofía es clara: el Gobierno regional debe legislar y ordenar el territorio con visión de futuro.

-¿Cantabria comparte con Galicia el problema generado por los excesos urbanísticos en la zona de litoral?.

-Todas las comunidades del norte acusan este fenómeno. Tenemos una población diseminada que representa un problema añadido a la especulación con el suelo para construir segundas residencias en las zonas de litoral. Se están poniendo en riesgo dos cosas: el paisaje y el futuro de nuestro territorio agrario. Llegará un momento en que nos quedemos sin él y nunca se sabe cuál puede ser el futuro de la civilización. Si basamos nuestro crecimiento en la construcción de segundas residencias, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Esta política solo crea empleo durante la construcción; después genera gastos y poca ocupación.

Este es un fenómeno muy importante en el norte y creo que el Gobierno gallego ha cogido el toro por los cuernos, aunque sé que va a tener problemas porque en su sociedad, al igual que ocurre aquí, se ha creado una cultura de que un terreno ligado a su valor urbanístico permite ganar grandes cantidades de dinero.

-¿Políticamente estas medidas suelen llevar aparejada una fuerte contestación social?.

-Desde luego, es muy impopular, porque todo el mundo quiere ordenar sus propiedades a su gusto. Hay que evitar que las presiones de la población determinen el futuro del territorio. El futuro tiene que estar planificado y ordenado.

-¿La vía para combatir estos excesos son los instrumentos legales?

-Efectivamente. Las comunidades tienen que legislar para ordenar el territorio, marcar las pautas que luego tienen que aplicar los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que comprender que las cosas son así. Algunos municipios se piensan que la autonomía municipal es para decidirlo todo. Ellos tienen que decidir pero dentro de las leyes. Ellos pondrán los pequeños detalles, pero la vocación territorial, las grandes líneas maestras de crecimiento, tienen que ser reguladas por leyes. Esta es nuestra filosofía.

-¿Cómo afrontar ese choque entre sus intereses y los de los ayuntamientos, algo que también ocurre en Galicia?

-Esta es una asignatura pendiente sobre la que no me atrevo a dar lecciones porque tampoco la hemos aplicado aquí. Pero la financiación municipal no puede ligarse al urbanismo. Debería desaparecer. Debería haber una recaudación que luego se repartiera porque el territorio es de todos. Pero esto lo digo como voluntad porque hasta ahora no lo ha hecho nadie y sé por experiencia que cuando las cosas no se hacen es porque no son fáciles.

-¿Hace falta una cultura urbanística?

-Existe esa cultura en términos generales. Hay una parte de la población en España que está concienciada, pero hay un segmento de propietarios de terrenos que son los más beligerantes. Los concienciados son mayoría, son gente urbana, que sale de vacaciones, que disfruta de los paisajes, pero que a la hora de la verdad no se juegan su patrimonio. Esto es como la construcción de una autopista, los que están a favor no salen, sino que se manifiestan los que están en contra y en realidad son 100 contra 10.000, pero los que se dejan notar son esa minoría.

-Otro paralelismo entre Galicia y Cantabria son las viviendas ilegales con sentencias de derribo que no se cumplen. ¿Cuáles son sus planes en este sentido?

-Tenemos este problema. Se va a intentar legalizar aquello que sea posible, pero hay algunas sentencias que se van a ejecutar y ya se están dando los pasos para ello. Las sentencias están para ejecutarse.


Publicado en La Voz de Galicia



JOSÉ MARÍA MAZÓN RAMOS
CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA DE CANTABRIA



La prohibición de edificar a menos de 500 metros de la costa se aprobó hace tres años



Cantabria aprobó hace tres años un plan de prohibición de edificar a menos de 500 metros de la costa como el que puso en marcha Galicia hace unos meses. En el caso cántabro, este Plan de Ordenación del Litoral es solo una de las medidas legales articuladas para poner coto a los excesos urbanísticos del pasado.

Con anterioridad, el Gobierno regional había aprobado una Ley del Suelo que generó una enorme contestación social porque estableció una ruptura en materia de densidades de edificación respecto a las normas anteriores.

Actualmente se está diseñando el Plan Urbanístico Regional, que establecerá, con un elevado nivel de detalle, dónde se pueden construir pisos, polígonos industriales... esto es, una ley que marcará las pautas a los ayuntamientos sobre los desarrollos urbanísticos que podrán acometer en los próximos ejercicios.




El turismo se ha convertido en una fuente de ingresos y problemas para la comunidad

El turismo se ha convertido, al mismo tiempo, en uno de los sectores estratégicos del producto interior bruto (PIB) de Cantabria y en una fuente inagotable de problemas para la comunidad. Al igual que en Galicia, el Gobierno regional ha tenido que poner freno a urbanizaciones masivas (una de las más simbólicas es la del Alto del Cuco, en Cantabria) y enfrentarse a los intereses de numerosos Aytos que han presentado planes de crecimiento desorbitados. El Ejecutivo autónomo los ha rechazado, pero la presión urbanística es enorme porque existe demanda de compradores tanto del País Vasco como de Madrid.



Publicado en la La Voz de Galicia

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[url=http://www.elpais.com/articulo/espana/piqueta/justicia/funciona/elpepiesp/20080109elpepinac_13/Tes]La piqueta de la justicia no funciona
El Gobierno cántabro se ve incapaz de ejecutar las sentencias de demolición [/url] hacer click






La destrucción del litoral Costa norte
La piqueta de la justicia no funciona

El Gobierno cántabro se ve incapaz de ejecutar las sentencias de demolición

NATALIA JUNQUERA - Madrid

EL PAÍS - España - 09 de enero del 2008

Es, con diferencia, la comunidad de la costa norte más castigada por el urbanismo salvaje. Algunos de sus municipios del litoral, como Castro Urdiales o Noja, poco tienen que envidiar al símbolo de la masificación y lugar de culto al hormigón que es Benidorm. El Plan de Ordenación del Litoral (POL) de 2004 estableció por primera vez en Cantabria unas reglas del juego sobre la mesa de los intereses inmobiliarios y puso fin a la locura. Pero para entonces el mal ya estaba hecho.

El ladrillo ha enterrado para siempre hermosos parajes en la costa oriental, la que ya no tiene remedio, debido fundamentalmente a la presión turística, sobre todo del País Vasco, que ha sembrado el litoral cántabro de segundas residencias mientras conserva en buen estado su propia franja costera. Porque el daño que causan los desmadres urbanísticos es, por naturaleza, irreversible, definitivo. Lo saben bien en esta comunidad que acumula más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo por incumplir todo tipo de normas medioambientales. Casi la mitad corresponden a Argoños, un municipio de menos 1.500 habitantes. Todas llevan años sin ejecutarse.

Los jueces han sido contundentes en Cantabria, y la administración, laxa. Algunas de las sentencias firmes de derribo se remontan al año 2000, pero las casas permanecen en pie y así seguirán mientras dure el tira y afloja entre la administración, los compradores de las viviendas y los ecologistas.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), la que ha llevado las urbanizaciones a los tribunales, reclama la inmediata ejecución de las sentencias y advierte de las consecuencias de seguir dilatando su cumplimiento: "Es un problema gravísimo. Todo el Estado de derecho queda reducido a la nada si no se hacen valer las normas, si no se cumple el dictamen de un juez. La gente tiene la percepción de que levanta su casita en el medio de una playa y no pasa nada. Al no ejecutar las sentencias, la administración lanza el mensaje de que se pueden legalizar. Y la administración no puede ampararse en las víctimas, que son sus víctimas, para no cumplir las normas. Las casas tienen que ser derribadas y los compradores indemnizados. Porque en realidad, las víctimas de una urbanización que destroza un paraje natural somos todos. Legalizarlas saldría mucho más caro", explica José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.

El consejero de Urbanismo de Cantabria, José María Mazón, admite la presión de los afectados, no aclara si el Gobierno regional va a tomar alguna medida para forzar los derribos y, aunque asegura que "las sentencias están para cumplirlas", contempla la "legalización de algunas" de las viviendas: "Los compradores son gente inocente, gente a la que hay que indemnizar y eso va a costar muchos millones. Además, nadie quiere demoler viviendas. Los tribunales lo exigen pero llevarlo a cabo no es nada fácil porque las empresas no quieren complicarse la vida por un derribo que tampoco les supone grandes ingresos. Faltan medios para poder ser drástico. Debería haber una agencia nacional para ejecutar las sentencias de derribo. Cuanto más cerca del problema estás, más difícil solucionarlo".

Mientras, cerca de 2.000 afectados siguen viviendo en sus urbanizaciones moribundas, pagando sus hipotecas. Reunidos en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) organizan todo tipo de actos -marchas de protesta, manifestaciones y hasta obras de teatro- buscando la solidaridad ciudadana y el desgaste de la administración. De momento, con éxito. Los vecinos de los 144 chalés en la Playa de la Arena (Arnuero), levantados sobre un encinar protegido - "un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar", anunciaba la promotora en 1991- son los que más cerca han estado de las excavadoras. En noviembre pasado llegó a haber una empresa adjudicada para la demolición de las viviendas, Erri Berri, pero tras ganar el concurso de derribo, comenzó a recibir cientos de cartas y llamadas telefónicas de los vecinos de la urbanización advirtiendo de las vidas que iban a destrozar si llevaban las máquinas a su puerta. Finalmente, Erri Berri desistió.

Pero por difícil que esté resultando hacer el borrón para empezar la cuenta nueva, la costa cántabra afronta el futuro con una potente herramienta de protección del entorno, el POL. "Nos ha dado mucha tranquilidad por sus dos frentes. Por un lado, protege el territorio y ha conseguido salvar lo que quedaba por salvar. Y por otro, establece unas normas de ordenamiento urbanístico para el futuro. Llegó a tiempo para paralizar más de 30 sectores urbanísticos volcados en primera línea de playa y ha conseguido que casi ningún ayuntamiento haya presentado planes de ordenación a la espera, supongo, de que lleguen tiempos mejores", afirma Herrera.

"Antes del POL no había ningún instrumento jurídico para proteger la costa. Había mucho recelo a poner normas, pero la nueva ley no deja margen para las dudas. Está todo dibujado, por colores, dónde se puede construir, y dónde no. Las mejoras que ha traído el POL no se ven porque su objetivo es que no haya más aberraciones. Y efectivamente, desde septiembre de 2004, que es cuando lo aprobamos, no ha habido más sentencias de derribo", afirma Miriam García, ex directora general de urbanismo de Cantabria y madre del POL.

Sólo se escapó un ayuntamiento, Piélagos, el municipio que se ha hecho célebre por su "dentellada al monte", tal y como describieron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la urbanización de 400 viviendas que autorizó el consistorio en el Alto del Cuco, en el entorno del Monte de la Picota y junto al Parque Natural de Liencres. "En el tiempo que estuve trabajando como directora general de urbanismo es lo que más daño me ha hecho a la vista y es la espinita que me llevo clavada. El alcalde aprobó el plan parcial de la urbanización deprisa y corriendo para adelantarse a la aprobación del POL, y lo consiguió. Eso sí, haciendo oídos sordos a un informe desfavorable de Comisión Regional de Ordenación del Territorio y un requerimiento", asegura García.

Las obras en Alto del Cuco están paradas cautelarmente. El TSJC anuló en abril del año pasado el plan parcial de la urbanización, incrustada en un monte rebanado para chalés con desniveles de hasta 17 metros y en un enclave muy expuesto visualmente desde el litoral. La promotora, Fadesa, ha recurrido ante el Supremo. Arca también ha recurrido todas las licencias de construcción para que las viviendas sean derribadas.

El Informe Destrucción a Toda Costa 2007 de Greenpeace sitúa hoy la principal amenaza en los puertos deportivos, "el auténtico punto negro de la política costera del ejecutivo cántabro" y cita cuatro ejemplos en Castro Urdiales, Laredo, Suances y San Vicente de la Barquera, todos proyectados "sin la más mínima sensibilidad ambiental". La organización ecologista advierte también de la contaminación que provocan 24 municipios costeros carentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Los temores de Arca vienen por otro lado. "Lo que realmente nos da miedo y por donde creemos que va a venir la amenaza en el futuro es lo que llaman Proyectos Singulares de Interés Regional, grandes complejos de ocio con hoteles, restaurantes, parques temáticos, auspiciados por el Gobierno autonómico mediante leyes ad hoc. Como en Los Monegros. Los tiempos han cambiado, han mejorado", asegura Herrera. "Ya no existe aquella figura del alcalde- promotor, el POL ha creado una disciplina urbanística y la sensibilidad social es mayor, pero ¿de qué sirven las leyes de protección del territorio si el Gobierno se reserva la posibilidad de ponerlo todo patas arriba para complacer a una iniciativa privada y crear unos cuantos puestos de trabajo?".

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[url=http://www.muchocastro.com/noticia5584.html]Un paraíso inmobiliario para los vizcaínos



El 65% del aumento de la población en Castro Urdiales se debe a la llegada de vizcaínos

Su demanda triplicó los precios de la vivienda entre 1997 y 2006

La crisis inmobiliaria también llega a este municipio y baja los precios hasta 42.000 euros [/url] hacer click






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La Casa Blanca (EEUU) afirma que el dinero negro de la droga alimentó el boom inmobiliario español hacer click

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La Guardia Civil entra en el Ayto por orden judicial a buscar documentos hacer click


La Guardia Civil , siguiendo órdenes de la Fiscalía, se ha incautado en el Ayto de Castro Urdiales de distinta documentación relacionada con proyectos urbanísticos de los años 2006-2007 ante la existencia de indicios de que pudiera haberse producido un delito de PREVARICACIÓN. hacer click


los hechos han causado ALARMA SOCIAL, lógica en el municipio y han podido palpar que el tema está en la calle y la gente preocupada. hacer click




Fernando Muguruza Alclade TRÁNSFUGA


La Guardia Civil requisa documentos municipales para una investigación


La denuncia que abrió el caso partió del propio interventor del Ayto


La Guardia Civil ha recabado documentos del Ayto de Castro Urdiales por mandato del Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, en el marco de una investigación que, según indicaron fuentes cercanas al caso, se centra en principio en una actuación urbanística.

La actuación se inscribe en unas diligencias abiertas por el citado Juzgado por hechos sucedidos en el año 2006 y lo que se busca en el marco de dicha investigación es documentación contenida en un expediente. Según informó ayer Efe, la denuncia partió del propio interventor del Consistorio.

Las gestiones de la Guardia Civil, que actúa como Policía Judicial, se han desarrollado en los servicios de Intervención, Contratación, Servicios Técnicos y Urbanismo, donde han recabado originales de distintos expedientes administrativos.



La Guardia Civil tuvo que suspender sus actuaciones y regresar más tarde con una resolución judicial

Sus trabajos comenzaron el miércoles en la sede municipal con un oficio de investigación del Juzgado y, en principio, el personal del Ayto les fue facilitando los documentos requerdos. Pero llegado un punto, en la mañana de ayer, los trabajadores mostraron sus dudas sobre la posibilidad de facilitar determinados documentos y la Guardia Civil tuvo que suspender sus actuaciones y regresar más tarde con una resolución judicial para obtener dichos documentos.



Grupos políticos municipales PSOE e IU

Los grupos municipales de la oposición no han recibido de momento ninguna explicación de lo que está pasando, pero, en cualquier caso, la portavoz socialista, Chus Esteban, no tiene duda de que la actuación judicial responde a indicios de posibles delitos o infracciones y no es ningún capricho de ningún Tribunal o ningún juez. A su juicio, se trata de una situación PREOCUPANTE para el municipio, que puede poner de manifiesto tristemente algo que estaba en más de una cabeza y que muchos pensaban que podía estar pasando en el Ayto, y confió en que los funcionarios responsables FACILITEN la labor de investigación para determinar si existen infracciones o delitos y si sigue o no adelante el procedimiento.

Según dijo, los hechos han causado alarma social, lógica en el municipio y han podido palpar que el tema está en la calle y la gente preocupada.

Por su parte, el concejal de IU. Salvador Hierro, actualmente en la oposición y miembro del equipo de Gobierno en la pasada legislatura, también señaló que los grupos municipales no tienen información de lo que ocurre. En todo caso, aseguró que desde IU siempre que la justicia actúa les parece bien y están tranquilos. Bienvenido sea, añadió el edil, quien consideró que siempre es bueno que se esclarezca la gestión y se depuren responsabilidades si las hubiera.


Publicado en ALERTA

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Muguruza está tranquilo, y cree que hay un trasfondo político para dañar al Equipo de Gobierno

Muguruza afirma que el Juzgado lleva meses solicitando documentación y alerta de que si se investiga a fondo quien puede salir escaldado es el PSOE




El alcalde TRÁNSFUGA de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, se mostró hoy tranquilo ante la actuación judicial desarrollada en el Consistorio por la Guardia Civil por mandato del Juzgado de Instrucción número 2 de la villa para recabar expedientes urbanísticos, y aseguró que este asunto le huele que tiene un trasfondo político y un claro interés lesivo hacia el Equipo de Gobierno.

Además, en declaraciones a Europa Press, recalcó que tiene la tranquilidad y la serenidad de haber actuado siempre conforme a los informes técnicos. Y por lo tanto nada tengo que temer, agregó el alcalde TRÁNSFUGA, quien subrayó asimismo su confianza en el resto del Equipo de Gobierno, del que también forman parte el Partido Popular y AxC, y en los funcionarios municipales.




Joaquín Antuñano PRESUNTO sospechoso según Muguruza

Incluso, aseguró que si se hace una investigación profunda a nivel urbanístico, quien puede salir escaldado es el PSOE, porque, aseveró, un importante representante socialista, Joaquín Antuñano, fue el responsable de la Concejalía de Urbanismo antes de la llegada al Gobierno municipal de Muguruza.

Mucho me temo que si alguna responsabilidad hay aquí, recaerá sin ninguna duda en este Sr, aunque en ese caso, al ser miembro del Partido Socialista, tampoco me cabe ninguna duda de que se encubrirá, apostilló Muguruza.

Explicó Fernando Muguruza que no es la primera vez que el Juzgado pide documentación municipal. De hecho, lleva varios meses requiriendo documentos de diferentes tipos, pero Muguruza también recordó que el Tribunal de Cuentas estuvo año y medio recabando información sobre el Consistorio y la investigación terminó sin abrir diligencias contra nadie.



El alcalde TRÁNSFUGA detalló que lo que se han llevado hoy los agentes de la Guardia Civil son expedientes urbanísticos. En principio, ayer se personaron a buscar documentos pero sin una lista concreta, por lo cual, el secretario municipal hoy les solicitó que especificaran lo que necesitaban y realizaran la petición de documentación por escrito. Por ello, regresaron después con una lista y se les facilitó lo requerido, todo ello expedientes urbanísticos, apuntó Muguruza.


Todo lo que tenga que estudiar el juez que lo estudie. Lo que hemos podido aportarle se lo hemos aportado, prácticamente todo lo que ha pedido. No sé si habrá habido algún documento que no se haya podido encontrar quizá, pero la gran mayoría, el 99 %, ahí estaba en Urbanismo y en Urbanismo se les ha dado, sentenció.



TRASFONDO POLÍTICO DE PRIMER ORDEN



En cualquier caso, Muguruza insistió en la intencionalidad que puede haber detrás de la investigación. Nos huele a que es un asunto con clara intencionalidad política. Hay un trasfondo político de primer orden, que lo único que se busca es que aparezca en los medios de comunicación con un claro interés lesivo hacia el Equipo de Gobierno, remachó el alcalde TRÁNSFUGA, quien se mostró absolutamente convencido de que detrás de esto están las siglas de PSOE y PRC, cuyo acuerdo para dar la Alcaldía a los socialistas echó por tierra Muguruza.

En su opinión, aunque luego se demuestre que no ha habido ni el más mínimo interés delictivo por parte de nadie, como ha sucedido en casos anteriores de otras denuncias que al final han quedado en agua de borrajas, lo que queda es el daño a la institución y a las personas sobre las que pueda recaer la sospecha.



QUE NO SE DILUYA LA SOSPECHA



En este sentido, Muguruza se mostró dolido por el tratamiento de la información en algunos medios y subrayó su indignación frente a quienes están dando por sentado que hay unos imputados. Que nosotros sepamos no se ha imputado a nadie. Lo que ha hecho el juez es requerir una información que damos por sentado que la tiene que estudiar, agregó.

Por ello, Muguruza, que apeló a la serenidad y tranquilidad que debe acompañar a toda investigación, confió en que el Juzgado, por el bien de la democracia y por el respeto que merecen los representantes políticos municipales, no permita que la duda sobre quiénes están imputados o no permanezca en el aire.

El juez debe aclarar a la mayor brevedad posible si realmente tiene dudas o sospechas de un mal funcionamiento o una verdadera prevaricación e imputar rápidamente a quien él crea responsable, pero no permitir que la sospecha se diluya y se esparza por todo el mundo político e incluso funcionarial, concluyó el alcalde.


Publicado en Cantabrialiberal.com




Fernando Muguruza Alcalde TRÁNSFUGA




La Policía Judicial registra el Ayto y se lleva expedientes urbanístico para una precisa investigación de presunta PREVARICACIÓN


La policía judicial, por orden del juzgado número dos de Castro Urdiales, se ha incautado esta mañana en el Ayto de Castro Urdiales de una serie de documentación relacionada con distintos proyectos urbanísticos desarrollados durante la pasada y actual Legislaturas ante la presunta existencia de indicios de PREVARICACIÓN.

Fuentes municipales han señalado que entre los expedientes requisados por la policía judicial se encuentra el proyecto de urbanización y construcción de chalets ubicado en el alto de La Loma de Castro Urdiales, junto a la autopista Santander-Bilbao.

El Juzgado que ha ordenado la investigación ha declarado el secreto del sumario.

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TRÁNSFUGA Muguruza



[url=http://www.muchocastro.com/noticia5893.html]Lo triste e injusto de esta situación es que se está actuando con una total oscuridad en cuanto a los fines, a los medios y lo que se persigue. Me da la impresión de que todo esto es un circo mediático.

Así de claro se mostró ayer Fernando Muguruza, tras conocer la presencia de la Policía Judicial en la Gerencia de Urbanismo.

Muguruza dijo que no hay sustancia ninguna, y que al final todo va a quedar en nada, como quedó en nada lo de Urruticoechea denunciando al Ayto, lo del secretario Ballesteros y el Tribunal de Cuentas, que estuvo hace dos años y todo quedó en nada.
En opinión del Alclade TRÁNSFUGA, nos encontramos ante otra actuación de tipo estelar o quizá de un juez estrella. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que los motivos son políticos. Cuando no pueden acabar con un equipo de gobierno por la vía democrática, tienen que buscar otras vías que les sirvan, apostilló.

Muguruza dijo que esto es una caza de brujas en toda regla y que no había ningún imputado. Se mostró tranquilo porque siempre hemos actuado con honradez. En el área de Urbanismo siempre se ha actuado con la máxima honradez y la máxima honestidad. En ningún momento ha habido el más mínimo desliz. Desde el punto de vista judicial no tengo ninguna preocupación, sí desde el punto de vista mediático, remarcó.


Muguruza responsabiliza al PSOE del registro policial

Además, Muguruza responsabilizó al PSOE por lo ocurrido y señaló que la intención que tienen los socialistas es extender un halo de sospechas sobre el Equipo de Gobierno. Lo que interesa aquí es el circo mediático, porque en el fondo no hay nada.

En este sentido, dijo que todo esto tenía relación con el cabreo que tiene el PSOE que no ve satisfecho sus pretensiones en Castro. ¿Qué es lo que le mueve al Partido Socialista a actuar de esta manera y mover todos estos hilos en un intento de desprestigiar a un equipo de gobierno?, concluyó preguntándose el alcalde Fernando Muguruza.[/url] hacer click




[url=http://www.muchocastro.com/noticia5893.html]Numerosa documentación intervenida por orden judicial

Los expedientes intervenidos por el juez fueron trasladados al filo de las 16:00 horas por los agentes en una carretilla con ocho carpetas y varias decenas de folios atadas en tacos.

Entre ellos, el expediente referente a la urbanización 'Residencial San Pelayo' que promueve la empresa Sacyr Vallehermoso. El 19 de junio de 2006, la Junta Vecinal de Santullán presentó una primera denuncia motivada porque la empresa constructora ocupó alrededor de 3.000 mts2 de suelo rústico contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana y pertenecientes a la propia Junta Vecinal.[/url]

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TRÁNSFUGAS encausados judicialmente por presunta CORRUPCIÓN

Querella por presunta PREVARICACIÓN del Tripartito en el año 2006



La actuación judicial se dirige contra los concejales del PRC, PP e IU que formaban el Tripartito

La denuncia de la Oposición hace referencia a la contratación irregular de las obras del túnel de Mioño







La Fiscalía se ha querellado por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de una obra pública contra los concejales del PRC, el PP e IU que formaban el equipo de Gobierno de Castro Urdiales en el 2006, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) La querella, según recoge Efe, se dirige contra Fernando Muguruza, quien entonces presidía la corporación como concejal del PRC, aunque desde el 2007 está expulsado del partido; el concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez (KyK), y el concejal de Obras en aquellas fechas, Salvador Hierro (IU).

También han sido imputados los ediles Jaime Díaz Muro y Juan Molinero Arroyabe, ambos regionalistas; Concepción Carranza, del PP y Santiago Vélez, de IU.

Esta actuación de la Fiscalía parte de una denuncia presentada por 5 concejales entonces en la oposición contra el Equipo de Gobierno por un presunto delito de PREVARICACIÓN, relacionado con la contratación de las obras del túnel del Mioño.

De estas diligencias se deriva la actuación realizada ayer en la Gerencia de Obras y Urbanismo del Ayto de Castro Urdiales por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se llevó varios expedientes por orden del Juzgado de Instrucción Nº 2 del municipio.

Los agentes de la Policía Judicial obtuvieron la información a través de un requerimiento judicial expreso, ante la negativa inicial a facilitársela de las personas que encontraban en las dependencias, explica el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Durante la instrucción, se han detectado nuevos hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública, por lo que se ha acordado la apertura de diligencias previas y ya se ha recabado la documentación necesaria, que está siendo estudiada, añade el Tribunal Superior.


Túnel de Mioño


Adjudicaciones a DEDO

La querella de la Fiscalía, presentada el 27 de septiembre de 2006, se dirigió inicialmente contra los concejales Jaime Díez Muro, del PRC, y Salvador Hierro, de Izquierda Unida, por haber adjudicado a dedo a la empresa del hermano del edil regionalista la obra de reparación del túnel de Mioño.
La imputación se ha ampliado después a los demás miembros del Equipo de Gobierno, como consecuencia de las diligencias practicadas.
La totalidad de los imputados han sido citados para declarar ante el juez en las próximas semanas.

También deberán declarar los concejales que presentaron la denuncia, para ratificarla, entre los que figuran uno de los actuales miembros del Equipo de Gobierno Rufino Díaz Helguera, quien entonces formaba parte de la oposición como edil no adscrito.

La Fiscalía de Cantabria pidió en septiembre de 2006 al Juzgado de Castro Urdiales que investigara a los concejales Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, los dos primeros imputados, por la adjudicación
de esa obra del túnel.

El Ministerio Fiscal determinó entonces que los trabajos, valorados en 58.765 euros, se adjudicaron a la empresa IZETA Ingenieros directamente, sin que existiera expediente, proyecto o contrato presentado por la empresa.
La Fiscalía comprobó que el apoderado de IZETA, Juan Ignacio Díez Muro, realizó personalmente todas las gestiones con el Ayto y que su hermano Jaime, el edil del PRC, no se abstuvo cuando la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del contrato. Todas las negociaciones se llevaron personalmente entre el gerente de IZETA y el concejal de Obras.


Testimonio del Interventor Municipal

El Juez de 1ª instancia e instrucción que instruye el caso, ya ha tomado declaración en calidad de testigo al Interventor del Ayto, que formuló en su día una NOTA de REPARO contra el pago de esos trabajos, donde se ponían de manifiesto las irregularidades cometidas, según explicaba la Fiscalía en su denuncia inicial, de septiembre de 2006.

El Interventor Municipal en funciones puntualizó ayer que en ningún momento, hasta la fecha, se ha realizado ninguna denuncia por mi parte ante Juzgado alguno en relación al caso que nos ocupa.

Lo único que el Interventor ha hecho es que, en el curso de unas diligencias previas en el Juzgado Nº 2 de Castro Urdiales, ha prestado declaración en varias ocasiones como testigo, requiriéndosele por el titular del juzgado documentación que he puesto a su disposición. Sin entrar en el contenido de la documentación, simplemente señalaré que se trata de resoluciones administrativas que habían sido previamente objeto de informes de disconformidad por mi parte. También dejó claro el Interventor que, en ningún caso, la documentación anterior está relacionada con Urbanismo.


Publicado en ALERTA

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Los datos obtenidos, sin embargo, podrían determinar también si el anterior Tripartito incurrió en delitos contra la Administración pública, al menos, en otros 11 proyectos urbanísticos. hacer click






[url=http://www.eldiariomontanes.es/20080401/region/region-oriental/policia-judicial-regresa-ayuntamiento-20080401.html]Pedro Olano

Mientas Helguera sigue guardando silencio sobre este asunto, Pedro Olano, otro de los ediles que en su día pusieron en conocimiento de la Fiscalía la posible ilegalidad de la adjudicación de las obras del túnel de Mioño, sí que se ha pronunciado. En declaraciones a Punto Radio Castro Urdiales, el ex edil castreño aseguró que la Policía Judicial ha entrado porque no se les deja entrar. Se les ha requerido desde el Juzgado una documentación y ha mandado la mitad de la mitad.

Posteriormente, según comentó Olano, el juez vuelve a pedir documentación y le mandan otra parte y el proceso se dilata. En definitiva, el juez ha hecho unas preguntas muy concretas, no se le han contestado, se ha dilatado en el tiempo y ahora va a ser peor, apuntó el ex edil, quien hizo responsable de lo ocurrido al alcalde, Fernando Muguruza, por no haber remitido al juez la documentación, tal y como lo requería. El señor Muguruza ha creado muchas tempestades y ahora está recogiendo los frutos.

En opinión de Pedro Olano, lo del túnel de Mioño es una cosa puntual y los demás casos son actos en los que la Fiscalía ha visto indicios de algún presunto delito, dijo.[/url] hacer click

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Rufino declara que alguno se está frotando las manos para obtener beneficio de todo esto

Rufino Díaz Helguera ha manifestado hoy en rueda de prensa, que NO se puede estar ensuciando por más tiempo el nombre de Castro. Alguien se está frotando las manos para obtener un beneficio de todo esto. En relación al revuelo que se ha levantado por las acciones judiciales del Ministerio Fiscal, sobre las obras de arreglo del túnel de Mioño.

Nunca hemos presentado ninguna denuncia judicial contra personas, afirmó Rufino, Simplemente se puso en conocimiento de la Fiscalía un hecho que no nos pareció bien.
El concejal de AxC ha informado, que no puede hacer declaraciones hasta que acuda a la cita judicial el próximo día 15 de abril a las 11:30 horas, y ha advertido que aquí las presunciones son de inocencia. No se puede estar ayudando a los medios a hacer titulares.


En el Ayto se está trabajando BIEN

Díaz Helguera se ha referido a lo bien que se está trabajando en el Ayto en los últimos meses y ha añadido que se ha acabado estar en los Plenos con la chuleta que te mandan desde Santander en donde no les preocupa nada Castro, solamente les preocupa el poder, esos son los apaños que les gusta.

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¿QUIÉN DEFIENDE EL INTERÉS PÚBLICO EN CANTABRIA?


El menudeo de la corrupción política


Fernando Urruticoechea Basozábal, economista-urbanista e interventor tesorero de Administración Local con habilitación estatal


El problema de la corrupción va mucho más allá de grandes escándalos como la Operación Malaya. La llamada corrupción de baja intensidad afecta a la mayoría de los 8.000 Aytos españoles.


Edificios FRODIMA, en la playa de Ostende, con sentencia de ilegalidad.


La corrupción no ha estado presente en la campaña electoral, cuando representa, en mi opinión, uno de los principales peligros, si no el mayor, para nuestra democracia. Suelen quejarse los expertos de que pese a la amplia percepción social de la corrupción, los españoles no están verdaderamente preocupados por ella. Tras las elecciones municipales del 27-M del año pasado, se llegó a decir que la corrupción había ganado, ya que de 133 alcaldes acusados de corrupción antes de las elecciones, un 70% fueron reelegidos.

También dicen que la solución pasa por los partidos políticos y los medios de comunicación, sin tener en cuenta que los primeros carecen de estímulo alguno para acabar con la corrupción, ya que es uno de sus principales medios de financiación. En cuanto a los medios de comunicación, en su mayoría han devenido en correas de transmisión de los primeros y saben de lo peligroso que es sacar un caso de corrupción, ya que la competencia acostumbra a contestar con otro del partido contrario.

Los corruptos legitiman sus actuaciones en base a la red de clientelismo que organizan, y son numerosos los ejemplos de que se persiga al que denuncia por poner en peligro tal modus operandi, de lo que puedo dar testimonio personal. Sin la presión ciudadana no se controlará la corrupción existente, y para ello es preciso que se expliquen en primer lugar no las supuestas ventajas, sino los costes de la corrupción para el bien común, para los ciudadanos, con casos concretos, no en genérico.

Y en segundo lugar los ciudadanos tenemos que ver el coste que tiene la corrupción para sus responsables y beneficiarios, con el decomiso de los patrimonios ilícitamente adquiridos y con la pena de prisión para sus principales responsables.

Son recetas ya conocidas, pero falta poner el cascabel al gato y tal papel corresponde de forma coordinada a los funcionarios públicos implicados en el control de lo público; Jueces y Fiscales primordialmente; también a los Notarios y Registradores y a los Funcionarios responsables de las tareas de fiscalización de la gestión pública, Interventores en las tres escalas de la Administración Pública, Secretarios Municipales y, por supuesto, a las Fuerzas de Orden Público, como las recién estrenadas unidades de delitos urbanísticos de la Guardia Civil.

Porque existen excepciones a la tópica utilización de la apatía popular, al contar con ejemplos de voto higiénico en las últimas municipales, precisamente en aquellos lugares donde el escándalo de la corrupción generó indignación social, como en el caso de Castro Urdiales.




La corrupción endémica

Espectáculos como el de la Operación Malaya o el de la Operación Guateque no han facilitado precisamente la indignación moral de los ciudadanos, al verlos como un entretenimiento más que como un tumor social. El problema de la corrupción en España no es de los personajes de la prensa rosa, ni sus responsables más comunes atesoran cuadros de Miró en sus infinitos cuartos de baño o de spa. El principal problema de la corrupción en España es el del menudeo de la corrupción, el que sucede en el urbanismo de la mayoría de los 8.000 ayuntamientos españoles, de todos los tamaños y colores y en muchas de las contrataciones públicas, que van desde la adjudicación de un servicio de aguas a una constructora, a la contratación de una asistencia técnica de un arquitecto.

Precisamente el juez Miguel Ángel Torres, responsable de las mayores operaciones contra la mafia inmobiliaria, Operación Ballena Blanca y Operación Malaya, es el que ha alertado contra la corrupción de baja intensidad en el sector inmobiliario, ya que lo de los maletines o bolsas llenas de dinero son las excepciones. Los métodos son más sutiles: se inicia con felicitaciones navideñas acompañadas de regalos, invitaciones a restaurantes, palcos de fútbol, a los toros, asistencias a congresos en hoteles de lujo. El paso siguiente es la participación en algún negocio o el convencimiento de que construyendo muchas casas se pueden ganar las elecciones o conseguir un ascenso en la carrera de funcionario.

Sin embargo, aunque existan tentaciones, también hay quienes las resisten, y así algunos de los casos anticorrupción más espectaculares se han debido al buen quehacer profesional de Jueces y Fiscales, como los casos recientes del juez Miguel Ángel Torres, en Marbella o del juez Santiago Torres, en Madrid. Tuvieron que pasar muchos años para que esos casos se abordaran judicialmente y sus responsables pasaran por la cárcel. Antes hubo muchas víctimas, pero por parte de los denunciantes, funcionarios vocacionales.

En Cantabria no contamos, por el momento, con tal tipo de jueces ni fiscales que denuncien casos concretos de la corrupción existente. Basta observar el destrozo urbanístico de parte del litoral, con urbanizaciones que han merecido 21 sentencias de derribo, además de miles de viviendas declaradas ilegales a lo largo del infinito territorio cántabro; y sólo a raíz de las denuncias privadas de vecinos o promotores perjudicados, o de una asociación sin ánimo de lucro como es ARCA.

Pero no hay responsables de tanto delito urbanístico, todo parece sólo fruto de la calamidad y no de la actuación de personas concretas que se han lucrado con tales actuaciones, prevaleciéndose de sus cargos públicos y aprobándolas a sabiendas de su ilegalidad. Viendo el caso de El Cuco, en Piélagos, y leyendo la sentencia, ¿cómo es posible que sus promotores, el Técnico Municipal que dió su conformidad y el Alcalde que autorizó, no sean investigados por permitir dar tales dentelladas al monte, y por sus relaciones con los promotores?



Silencio en la Fiscalía

Presunta prevaricación de dos concejales por adjudicación irregular del túnel de Mioño, vertidos en un parque de Sámano, presuntos delitos medio ambientales denunciados por el ex secretario municipal José Manuel Ballesteros, todo ello en Castro Urdiales, denuncia de la autorización para la construcción de 395 viviendas de Martinsa-Fadesa en Piélagos, amenazas a empresas para impedir ejecuciones de derribo de urbanizaciones... Son ejemplos aparecidos en la prensa −sólo en el año 2006 y referentes únicamente a Castro Urdiales y Piélagos− de casos denunciados a la Fiscal Jefe de Cantabria y que han tenido que ser objeto de su investigación.

Parecen problemas de graves consecuencias personales, económicas y territoriales lo bastante relevantes como para que la Fiscalía informase públicamente del resultado de sus pesquisas. Sin embargo, su responsable, Pilar Martín Nájera, en la memoria anual de actividades de la Fiscalía de Cantabria en el año 2006, sólo menciona en el apartado sobre delitos ambientales el de los incendios forestales. Ni mención de posibles delitos territoriales, ni de las urbanizaciones ilegales, ni de los vertidos, ni de las canteras, ni de las instalaciones industriales contaminantes y gravemente lesivas para la salud. Esta persona, que ha sido hasta hace unas semanas Fiscal Superior de Cantabria, actualmente ejerce como fiscal del Tribunal Supremo.

Tampoco se preocupó de que la Fiscalía investigase el Plan Parcial del SUP-4 en Castro Urdiales, la denuncia estrella de corrupción en la campaña de las pasadas elecciones municipales. Un pelotazo urbanístico de más de seis millones de euros, probado en la jurisdicción social, apropiados por un simple testaferro como Salvador Albiñana, con posibles implicaciones de su familiar y vicepresidente Vicente Mediavilla. Resulta también evidente el peligro que tiene analizar los casos de Castro Urdiales o los de las urbanizaciones con sentencias de derribo, al contar con licencias amparadas por Planes aprobados por la Consejería de Urbanismo (CROTU) cuando su titular era el actual presidente Miguel Ángel Revilla.


Otros ejemplos

Existen otros ejemplos bien llamativos por parte de representantes significados de las instituciones públicas, como la sorprendente participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa Tribiño, en la mesa redonda de clausura del 23 de marzo de 2007 de las jornadas sobre temática urbanística organizadas por el Ayto de Castro Urdiales con un claro tinte preelectoralista, pero con el agravante de estar financiadas por casi todos los principales promotores inmobiliarios con actividad en el municipio. Algunos con sentencias de ilegalidades y otro con una denuncia en la jurisdicción penal, además de tener pendiente de resolver en su Sala el recurso de apelación presentado por el autor de estas líneas contra el Alcalde TRÁNSFUGA del municipio, Fernando Muguruza.

Estas actitudes no tienen nada de original. Como precedente histórico tenemos el de Poncio Pilatos, que lavándose las manos ante Jesucristo preservó su carrera, sin poner en peligro su ascenso.

Publicado en la prensa gratuita CANTABRIA DIAGONAL.

Fernando Urruticoechea Basozábal Iº hacer click


Fernando Urruticoechea Basozábal IIª hacer click

CASTRO URDIALES : COMIENZA EL BAILE
La corrupción es el problema y no el transfuguismo


El origen está en la denuncia que presentaron en febrero de 2006 los 5 concejales expulsados del PSOE contra la adjudicación a dedo en octubre del 2004 de unas obras por 58.765,15 euros a la sociedad IZETA, cuyo apoderado era el hermano del concejal del PRC, Jaime Díez Muro. Dicho concejal, miembro de la Junta de Gobierno Local, adjudicó tales obras y se permitió entonces unos jocosos comentarios de cariño a su hermano por los micrófonos de una emisora local. También el alcalde Muguruza respondió entonces a la denuncia con unas retadoras declaraciones de que LO DENUNCIEN DONDE QUIERAN.

El asunto conlleva bastantes peculiaridades que son un ejemplo del carácter mafioso de la política castreña. Uno de ellos es el hecho de que uno de los denunciantes sea Rufino Díaz Helguera, ex militante de UCD y alcalde de Castro Urdiales con el PSOE durante 12 años, de 1991 a 2003, y actualmente en el Gobierno como 2º teniente alcalde por la agrupación independiente AxC. Cosas de la política española, entonces enemigo declarado del alcalde Fernando Muguruza, y ahora aliado imprescindible para gozar de las prebendas del poder, junto a otro enemigo declarado como es José Miguel Rodríguez, alias KyK, del PP.

Otro hecho es que el socio propietario de la sociedad beneficiaria del presunto acto de prevaricación era, hasta marzo de este año, Javier Ibarrola Altuna, quien es, desde enero de 2008, el Gerente de Urbanismo del Ayto de Castro Urdiales. Por este motivo presentó este mes de marzo escrito de renuncia a cuatro obras que dirige y a dos sociedades inmobiliarias, aunque continúa figurando en el registro mercantil como administrador de dos sociedades inmobiliarias y de la sociedad de su estudio de arquitectura.

Por lo tanto, el beneficiario de una prevaricación urbanística, presunta, claro, es ahora el máximo responsable técnico del urbanismo de Castro Urdiales. Nuevo ejemplo de la zorra defendiendo el gallinero.
Es de suponer la sorpresa que se habrá llevado el Juez instructor del Juzgado Nº 2 de Castro Urdiales al comprobar que el titular de la sociedad privada beneficiada por amiguismo en el año 2004, sea ahora el que ha comparecido el viernes 28 como testigo, por ser el actual Gerente de Urbanismo del Ayto. Nombrado por el mismo alcalde que le hizo la gracia de darle a dedo esa obra y otras.


Intervención judicial

La sorpresa también ha sido ciudadana al saberse que el motivo de tan aparatosa intervención judicial haya sido una denuncia de unos 58.000 euros. Las quinielas apostaban el jueves por algunos de los grandes escándalos urbanísticos de la localidad que, por desgracia, son numerosos y bien vistosos. Por ejemplo; las obras de Sacyr Vallehermoso (Santullán), las del mediático SUP-4, los chalés de la Loma de Promociones Mipla y Construcciones Quintana, los de Chinchapapa, la urbanización El Prado de Residencial Hercasa, el conglomerado del APD-2 de Vizcaína Edificaciones, la unidad de actuación de Eroski, etc. Algunos caían en la cuenta de que Al Capone se pudrió en la cárcel no por los múltiples asesinatos que cometió, sino por la nimiedad de defraudar a la Hacienda Pública.

Pero el tema del amiguismo con IZETA, no es baladí como ejemplo de corrupción política, ya que las graciosas adjudicaciones digitales no se limitaron a las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño, sino que alcanzaron unos 160.000 euros en diversas obras. Además, la prevaricación parece clamorosa, esperpéntica, al haberse adjudicado en abierta contradicción con la Ley, a pesar del también clamoroso silencio del entonces Secretario Municipal César Saiz y del entonces Interventor en funciones Gregorio Alcedo, ilegalmente nombrado a dedo. El escrito de aviso sobre su ilegalidad lo dio el Interventor en funciones en diciembre del año 2005, Fernando Martínez de Arriba, respecto de las dos facturas de IZETA, contestado por un misterioso e ilegal decreto de alcaldía de Fernando Muguruza ordenando su pago.

También resulta escandaloso el importe de las obras del túnel, que se limitaron a extender unas toneladas de gravilla mezclada con tierra, apañado a posteriori por un proyecto realizado desde dentro de la oficina de Urbanismo. Pero, en fin, celebremos que, aunque se haya hecho esperar, haya comenzado la actuación judicial y que no se pare ni siquiera en la urbanización del SUNP-3, de los chalets de la Loma, cuyos documentos también ha requerido el Juzgado Nº 2 de Castro Urdiales.